A través de un comunicado del senador de MORENA Gilberto Herrera se informó el arranque en Querétaro de la denominada “Marcha por el Agua”, encabezada por la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes, y en la que se irán sumando comunidades no sólo del Semidesierto y la Sierra Gorda queretana sino de los 18 municipios de la entidad hasta llegar a Plaza de Armas.

De acuerdo con la información son cuatro las demandas al gobierno estatal con las que la población emprende su camino hacia la capital son: cumplimiento del derecho humano al agua; que el dinero que obtiene por lucrar con el agua de la región regrese a las comunidades para dotar de caminos dignos, considerando que la movilidad es ya un derecho humano garantizado en la Constitución.

Previo a la salida del contingente, el delegado de Maconí, Javier Reséndiz Olvera, reiteró la urgencia de que las comunidades de la región inicien este movimiento estatal ante la crisis de agua que en los últimos años se ha recrudecido debido al incumplimiento del gobierno estatal de dotar de este líquido que extrae de sus manantiales para abastecer el Acueducto II.

“Hace casi 20 años cuando iniciaron esa obra, el gobierno de Querétaro vino a pedir entubar nuestros manantiales con la promesa de que el servicio de agua potable sería también para las comunidades y aquí seguimos cargando el agua en burros y en galones a como podemos, yendo al cerro cada vez más lejos a buscar un poco agua”, lamentó.

Finalmente, el senador Gilberto Herrera Ruiz expresó su solidaridad con Maconí y los defensores del agua de Querétaro.

“Es importante destacar que el problema es el acaparamiento que el gobierno estatal ha propiciado, legalizando la privatización a través de la ley de aguas que aprobaron fastrack en la legislatura local pero que es inconstitucional porque privilegia el lucro con el agua por encima del derecho humano que tiene la población”, señaló.

El legislador precisó que de la región se extraen 45 millones de metros cúbicos, lo que representa un ingreso al gobierno estatal de más de mil millones de pesos; recurso que administra con absoluta discrecionalidad y opacidad a través de la Comisión Estatal de Aguas sin que ningún beneficio retorne a las comunidades que confiaron en la promesa de que también les darían agua potable con el Acueducto lII.