El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, calificó como un “acto de corrupción” el presunto desvío de recursos durante la gestión de Gilberto Herrera Ruiz como rector de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en el periodo 2012-2018. En conferencia de prensa, Arango señaló que el desfalco podría ascender a más de 300 millones de pesos y que forma parte de lo que denominó “la estafa maestra queretana”.

Arango aseguró que la denuncia, presentada por el excontralor de la UAQ, José Alejandro Ramírez Reséndiz, se sustenta en un dictamen externo que evidencia irregularidades en la gestión de recursos públicos provenientes de instituciones como CONACYT, Banjército, Fonacot y Banobras. Según el dirigente panista, al menos 100 millones de pesos carecen de respaldo documental o facturas que justifiquen su aplicación, además de contratos que no pasaron por el Comité de Adquisiciones de la universidad.

“Le robaron a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos y a todos los queretanos. Es indignante que alguien como Gilberto Herrera, quien se autodenomina defensor del recurso público, esté involucrado en un caso tan grave de corrupción. Esto no puede quedar impune”, declaró Arango.

El dirigente del PAN también señaló a Morena, partido al que pertenece Gilberto Herrera como diputado federal, acusándolo de permitir este tipo de conductas en sus filas. “La bancada de Morena parece más un refugio de delincuentes que un grupo de legisladores comprometidos con la ciudadanía. Usan el fuero para protegerse de sus actos corruptos”, expresó.

Arango cuestionó el destino de los recursos desviados, sugiriendo que pudieron haberse utilizado para campañas políticas. “Es evidente que las campañas ostentosas que realizó Herrera, particularmente en la sierra, son el resultado de un despilfarro injustificado que afectó a nuestra universidad”, apuntó.

El dirigente panista instó a las autoridades locales y federales, incluidas la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, a garantizar que los responsables enfrenten la justicia. “Queremos que los recursos públicos se utilicen para transformar vidas, no para enriquecer a unos pocos. Este desfalco no debe quedar impune”, enfatizó.