El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Alberto Vega Ricoy, confirmó que el Proyecto Hídrico Batán, uno de los más ambiciosos en la historia reciente del estado, tendrá un costo estimado de 10 mil millones de pesos, sin representar deuda pública ni aumentos en el costo del agua para los queretanos.
En entrevista, el funcionario aclaró que esta cifra corresponde a la inversión total del proyecto, el cual será financiado bajo un modelo de asociación público-privada, garantizando que el control del recurso hídrico permanezca en manos del estado.
“El proyecto financieramente va a costar poco menos de 10 mil millones de pesos (…), lo que mencionan de otras cantidades son corridas financieras en el tiempo”, explicó Vega Ricoy. Añadió que esta información ya fue presentada a los legisladores locales conforme lo establece la ley, y algunos diputados la difundieron públicamente esta semana.
Uno de los principales objetivos del Proyecto Batán es detener la sobreexplotación de acuíferos, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua potable. A través de modernas estaciones regeneradoras, se busca transformar aguas residuales en líquido apto para consumo humano, con un tratamiento que alcanzaría estándares similares a los del agua embotellada.
El titular de la CEA enfatizó que se trata de un proyecto amigable con el medio ambiente, que ya ha sido avalado por un grupo de aproximadamente 30 ambientalistas, entre ellos Enrique Uribarren, líder del Observatorio Ciudadano de Temas Ambientales.
“Realmente créanme que no estaríamos pensando jamás en hacer un proyecto que no sea viable ni ambientalmente, ni para la salud, ni financieramente”, aseguró Vega Ricoy, quien también llamó a los políticos y actores sociales a informarse plenamente antes de emitir opiniones o juicios sobre el proyecto.
En ese sentido, pidió a la oposición no descalificar sin conocer: “A las personas, las invitaría a actualizarse un poco en tecnología, a vivir en este siglo y no en el pasado”, señaló.
Sobre las preocupaciones ciudadanas, el funcionario fue enfático: el proyecto no es una privatización, no generará deuda pública y no implicará aumentos en los recibos del agua. “Este es un esquema muy similar al que se implementó con el Acueducto II. Se llama diferente porque en aquella época no existían las asociaciones público-privadas, pero el modelo es el mismo”, explicó.
“Resumiendo: no se privatiza, no es deuda, y el recibo no va a subir para las y los queretanos”, insistió.
Con este megaproyecto, el gobierno estatal apuesta por una solución de largo plazo al problema del abasto de agua, en un contexto de crecimiento poblacional y presiones ambientales crecientes. La administración estatal ha reiterado que el desarrollo sustentable y la seguridad hídrica son dos pilares fundamentales para el futuro de Querétaro.
