Como parte de las acciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, autoridades estatales y federales realizaron una visita de supervisión al Centro Penitenciario Varonil No. 1 y al Centro Penitenciario Femenil No. 2 del estado de Querétaro, con el objetivo de verificar el estado operativo, las condiciones de internamiento y el cumplimiento de los protocolos en materia de derechos humanos.

La comitiva, integrada por representantes de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y otras instancias de seguridad, fue encabezada por el secretario de Gobierno, Erick Gudiño, y fue recibida por el comisionado del Sistema Penitenciario del Estado, Gustavo López Acosta.

Durante el recorrido, las autoridades pudieron constatar los avances en reinserción social, respeto a los derechos humanos y operatividad penitenciaria, así como la calidad de las instalaciones y del personal que labora en ambos centros.

“Fue una inspección derivada de los acuerdos tomados en las mesas de seguridad. Participamos distintas instituciones y lo que encontramos fue orden, protocolos bien establecidos y una buena coordinación operativa”, explicó Erick Gudiño.

Cabe destacar que el Sistema Penitenciario de Querétaro ha sido reconocido a nivel nacional por sus buenas prácticas, validado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que lo ha clasificado entre los mejores del país durante esta administración.

Próximas visitas y traslados federales

Gudiño adelantó que este tipo de inspecciones también se replicarán en el Centro Penitenciario de San Juan del Río, como parte de una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos dentro del sistema carcelario.

En cuanto a la posibilidad de trasladar reclusos a otros estados —especialmente aquellos que enfrentan cargos por delitos del orden federal—, el secretario confirmó que es una medida que continúa en análisis, en conjunto con las autoridades penitenciarias y federales.

“Es una política nacional que se deriva de las mesas de seguridad. El objetivo es garantizar un sistema penitenciario eficiente, seguro y que permita avanzar en la reinserción social”, concluyó.