Un grupo de mineros artesanales de La Plazuela, comunidad del municipio de Peñamiller, México, respondió a las afirmaciones de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA), la cual documentó presuntos nexos entre operaciones mineras de la región y el Cártel Jalisco Nueva Generación para la extracción y contrabando de mercurio hacia Sudamérica.

Los mineros señalaron que las condiciones de rentabilidad en la venta del mineral en forma de cinabrio no favorecen su participación en esquemas ilícitos y rechazaron la existencia de minas fortificadas. 

Mediante un comunicado, afirmaron que las medidas de seguridad visibles en el área fueron implementadas tras un robo a una mina local y no por amenazas externas.

Asimismo, apuntaron que hombres intentaron ingresar a la zona minera sin identificarse, lo cual pone en duda si eran representantes de la EIA. Además, que sus actividades son gestionadas mediante comités comunitarios y se realizan bajo concesiones otorgadas por autoridades nacionales.

Respecto a los vínculos señalados entre actores políticos y empresarios con la cadena de exportación del mercurio, los mineros destacaron inconsistencias en la información. 

Aclararon que Alejandra Pulido, referida como exlegisladora, no ha ocupado cargos federales ni tiene relación actual con el PAN. También mencionaron que el empresario queretano citado en el informe realizó exportaciones previas al Convenio de Minamata y bajo registros públicos.