En un ambiente de confrontación política y posturas encontradas, el Congreso del estado aprobó la reforma al Poder Judicial, con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, evidenciando no solo la disputa entre bloques, sino también fracturas al interior de Morena sobre el alcance del dictamen.
La reforma modifica, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución local, además de impactar leyes clave en materia electoral, legislativa y judicial, incluyendo la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
Morena dividido: entre respaldo y acusaciones de simulación
Aunque la dirigencia de Morena en el Congreso cerró filas a favor del dictamen, un grupo de legisladores de ese mismo partido votó en contra, al considerar que la reforma no representa una transformación real.
La diputada Claudia Díaz Gayou, del PT, pero alineada con la agenda de la llamada Cuarta Transformación, fue una de las voces más críticas:
“Este dictamen no es una reforma de transformación, es un documento construido desde el poder panista para conservar el control”, acusó.
En la misma línea, el diputado morenista Eric Silva Hernández advirtió que el proyecto podría perpetuar estructuras de poder dentro del sistema judicial.
“Votar a favor es respaldar a los mismos de siempre. Es una simulación”, sostuvo.
Silva también cuestionó que el dictamen fue elaborado “al vapor” y con mecanismos —como la escuela judicial— que podrían limitar el acceso real a la competencia.
Morena institucional defiende cumplimiento constitucional
En contraste, el coordinador de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, defendió la reforma al asegurar que responde a un proceso técnico serio y alineado con la Constitución.
“No es improvisación. Es resultado de mesas de diálogo y del cumplimiento del mandato constitucional”, afirmó.
Por su parte, el diputado Homero Barrera sostuvo que la reforma permitirá que, por primera vez, jueces y magistrados sean electos por voto popular en 2027, como parte de la democratización del Poder Judicial.
“Ya no serán los grupos de poder quienes decidan, será el pueblo”, dijo.
En una postura más técnica, el morenista Sinuhe Piedragil respaldó el avance del dictamen, aunque pidió ajustes en los mecanismos de selección para evitar ambigüedades y garantizar certeza jurídica.
PAN respalda, pero marca distancia del modelo electoral
Desde la bancada del PAN, la diputada Juliana Hernández Quintanar defendió la reforma como un ejercicio democrático y resultado de acuerdos políticos, aunque dejó clara su reserva sobre la elección de jueces por voto popular.
“Juzgar no es hacer campaña. La justicia no puede convertirse en una contienda de popularidad”, advirtió.
No obstante, justificó el voto a favor al señalar que el Congreso realizó adecuaciones al modelo federal para adaptarlo a las condiciones de Querétaro.
En el mismo sentido, el coordinador panista Guillermo Vega Guerrero aseguró que el dictamen es producto del consenso entre fuerzas políticas.
PVEM acompaña; PT rechaza
La diputada del PVEM, Perla Patricia Flores Suárez, respaldó la reforma al considerarla un paso hacia un sistema de justicia más cercano y transparente, aunque reconoció que es perfectible.
En contraste, el PT votó en contra al considerar que el dictamen no cumple con los estándares de la transformación judicial planteada a nivel nacional.
Cambios estructurales
Entre los principales puntos de la reforma destacan:
• Elección de jueces y magistrados por voto popular en 2027
• Creación de un Tribunal de Disciplina Judicial
• Nuevo órgano de administración judicial
• Incorporación de métodos alternativos de solución de controversias
• Nuevas reglas en materia electoral y judicial
• Límites salariales y eliminación de fideicomisos
Próximo paso
Con su aprobación en el Pleno, el dictamen será turnado a los 18 ayuntamientos de Querétaro para su análisis y eventual validación, como parte del proceso constitucional.
Un cambio con tensiones
La reforma judicial en Querétaro se consolida como uno de los cambios más relevantes en la entidad, pero también como uno de los más controvertidos, marcado por divisiones internas, acusaciones de simulación y diferencias de fondo sobre el modelo de justicia que debe implementarse en el estado.
