Con la finalidad de combatir la corrupción la Fiscalía General del Estado de Querétaro cuenta con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción a cargo de Benjamín Vargas Salazar.
Esta dependencia, según las cifras presentadas en el informe más reciente, abrió más de 500 carpetas de investigación por delitos relacionados con corrupción.
La dependencia tiene la finalidad de judicializar las denuncias que se reciben cuando funcionarios-principalmente- y civiles son acusados por ejecutar sanciones contra quienes llevan a cabo actos de ilegalidad.
Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido una estrategia punitiva enfocada principalmente en el ámbito municipal, la policía local y exfuncionarios de administraciones pasadas.
Hasta febrero de este 2026 la fiscalía especializada judicializó 49 casos y vinculó a proceso a 58 personas, además ha ejecutado 128 órdenes de aprehensión desde la gestión de Benjamín Vargas, quien está por concluir su periodo de 9 años al frente de la dependencia.
En uno de los golpes más significativos de la Fiscalía a nivel municipal, involucrando a la cúpula de la administración de Pinal de Amoles por desvío de recursos.
El exalcalde Isidro “N” fue detenido y vinculado a proceso por el delito de peculado. Tras los avances del proceso penal y la presión de la Fiscalía, se determinó prisión preventiva y posteriormente la vía de ejecución para la reintegración de recursos.
Huimilpan ha sido un foco constante en los informes de la Fiscalía Anticorrupción debido a diversas irregularidades administrativas y penales detectadas tras las auditorías de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE).
Otro de los casos sonados fue el de un ex servidor público de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la capital queretana quien fue detenido y encarcelado por un desvío millonario. Otro fue el ex secretario de Obras Públicas municipales en la administración de Marcos Aguilar, Hiram Villeda Rodríguez, quien a pesar de haber sido señalado como culpable no pisó la cárcel ya que en esta gestión se ha privilegiado el acuerdo reparatorio. Ante delitos patrimoniales, como el peculado, el Código Nacional de Procedimientos Penales permite salidas alternas si el funcionario devuelve el 100% de lo robado más intereses. Por ello, muchas de las grandes “sanciones” visibles no terminan con el funcionario en la cárcel, sino con millones de pesos devueltos al erario.
De ahí que se han recuperado más de 220 millones de pesos.
Históricamente, el mayor volumen de sentencias condenatorias firmes, con cárcel y destitución, logradas por la Fiscalía especializada no se encuentra en funcionarios de gobierno, sino en los cuerpos de seguridad. De ahí que se han sancionado los delitos de cohecho, extorsión y alteración de documentos oficiales por parte de elementos de la Policía Estatal (POES) y policías municipales de la Zona Metropolitana.
En relación al relevo de la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local discute la aprobación de la terna enviada por el Poder Ejecutivo, lo que ha provocado un enfrentamiento entre Morena y el resto de las fuerzas políticas. Los representantes de la 4T, aseguran que no votarán por la terna, lo que podría provocar que se asigne sin que sea votada en el pleno del Congreso estatal.
