Se ha iniciado una discusión sobre las declaraciones patrimoniales que deberían de presentar aquellas personas que busquen una candidatura en próximo periodo electoral.
Pero ¿para qué sirven?
Mientras la legislación en materia de transparencia obliga a todas las personas servidoras públicas a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, en los últimos años han cobrado fuerza los ejercicios conocidos como “3 de 3”, “5 de 5” o “6 de 6”.
Estas herramientas funcionan como un mecanismo de transparencia orientado a elevar el estándar de confianza entre la ciudadanía y sus representantes.
El concepto cobró relevancia con la iniciativa ciudadana 3 de 3, impulsada en 2015 por organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.
Su objetivo inicial fue comprometer a candidatas, candidatos y funcionarios a hacer públicas tres declaraciones fundamentales: la patrimonial (qué bienes poseen), la de intereses (con qué empresas o actividades tienen relación para evitar conflictos) y la fiscal (comprobante de cumplimiento de sus obligaciones tributarias).
Con el respaldo legal de la transparencia proactiva —mecanismo previsto en la propia ley para publicar más información de la exigida como mínimo—, diversos gobiernos, partidos políticos y colectivos han expandido este modelo a esquemas más amplios como 5 de 5 o 6 de 6, que incorporan requisitos adicionales como pruebas toxicológicas (antidoping), constancias de no antecedentes penales o cartas de no conflicto de interés con proveedores del Estado.
La 3 de 3 contra la violencia está enfocada en verificar que las personas aspirantes a un cargo no cuenten con sentencias firmes por violencia de género, delitos sexuales o deudas alimentarias. Este esquema escaló de iniciativa social a reforma constitucional para restringir el acceso al servicio público a quienes incumplan estas.
Un aspecto central de estas declaraciones es que no contravienen las leyes de transparencia ni de protección de datos personales. Su divulgación se sostiene bajo el consentimiento expreso de quienes se someten voluntariamente al ejercicio y en la elaboración de versiones públicas.
En estas versiones se transparentan los montos generales de ingresos, propiedades e inversiones, pero se resguardan datos sensibles como el domicilio particular, números de cuentas bancarias y la identidad de cónyuges o dependientes económicos, garantizando la seguridad de los declarantes.
En última instancia, el objetivo de las declaraciones ampliadas no es sustituir los mecanismos oficiales de fiscalización, sino ofrecer a la ciudadanía un insumo adicional de evaluación ética y financiera sobre quienes aspiran a administrar recursos públicos o tomar decisiones de interés general.
