El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se sometió públicamente a una prueba de control de confianza como parte de la propuesta que impulsa para establecer mayores filtros a quienes busquen contender por un cargo de elección popular y evitar la participación de personas vinculadas con grupos delictivos en las elecciones de 2027.
La evaluación forma parte de la denominada declaración “6 de 6” y del Protocolo Antinarcocandidatos que el mandatario estatal ha planteado implementar en Querétaro.
El examen contempló tres dimensiones: posibles actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, así como aspectos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.
La prueba fue aplicada por la firma Centela-Sapiens mediante el sistema Cogito, una plataforma de evaluación que utiliza distintos mecanismos de medición para analizar respuestas fisiológicas y conductuales de la persona evaluada.
Durante el procedimiento, Kuri González respondió siete preguntas con respuestas únicamente de “sí” o “no”. Entre los cuestionamientos se incluyeron si durante su trayectoria política había mentido para ocultar una falta grave, si como gobernador había pactado con integrantes del crimen organizado y si había recibido sobornos o dinero de manera indebida.
A diferencia del polígrafo convencional, el sistema empleado combina seis mecanismos de medición simultánea, entre ellos imagen térmica facial, análisis de microexpresiones, respuesta galvánica de la piel, presión arterial, análisis de voz y comportamiento del iris, incluidos los movimientos oculares y la dilatación pupilar.
De acuerdo con el resultado presentado al término de la evaluación, el gobernador fue clasificado como “no sospechoso”.
“Para quienes quieran gobernar este precioso Querétaro tengamos nosotros los ciudadanos la seguridad de que no son gente que pueda tener un nexo con el crimen organizado”, señaló Kuri González.
El mandatario sostuvo que este tipo de evaluaciones buscan convertirse en uno de los filtros de control de confianza para quienes aspiren a participar en los próximos procesos electorales de la entidad.
La propuesta se enmarca en las medidas que el gobierno estatal busca impulsar de cara al proceso electoral de 2027, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de revisión sobre posibles vínculos de candidatos con organizaciones criminales.
