La medida se aplica principalmente en investigaciones por delitos patrimoniales, incluido el fraude; la institución también reportó un aumento de 33% en sentencias condenatorias.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha obtenido autorización judicial para inmovilizar 93 cuentas bancarias, con las que ha logrado asegurar recursos por 325 millones de pesos destinados a garantizar la reparación del daño a víctimas de delitos, informó el fiscal general.
El funcionario destacó que esta técnica de investigación se ha incorporado a las estrategias ministeriales para proteger el patrimonio de las personas afectadas, particularmente en investigaciones por delitos patrimoniales, entre ellos el fraude.
Explicó que la inmovilización de recursos requiere autorización judicial y debe estar justificada por su relación con los hechos investigados. La medida busca evitar que los recursos vinculados con posibles delitos sean dispuestos mientras avanzan las indagatorias y se determina la reparación correspondiente.
El fiscal precisó que no existe una cifra comparable con 2024, debido a que anteriormente no se reportaban inmovilizaciones de cuentas bancarias bajo esta estrategia. Por ello, los 325 millones de pesos asegurados representan un resultado de la aplicación de esta técnica durante el periodo informado, sin que se haya proporcionado un comparativo histórico.
Aumentan las sentencias condenatorias y las vinculaciones a proceso
En el balance de resultados, la Fiscalía informó que obtuvo 8 mil 856 sentencias de culpabilidad, lo que representa un incremento de 33% respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, reportó un aumento de 89% en las vinculaciones a proceso al comparar 2024 con 2026. De acuerdo con los datos presentados, la cifra pasó de 2 mil 379 personas vinculadas a proceso a 4 mil 492 en el periodo correspondiente de 2026.
El fiscal señaló que estos indicadores buscan mostrar el avance de las investigaciones más allá de su judicialización, hasta llegar a las etapas procesales en las que los órganos jurisdiccionales determinan la responsabilidad penal.
La Fiscalía sostuvo que las inmovilizaciones bancarias forman parte de las herramientas para fortalecer la investigación de delitos patrimoniales y procurar que las víctimas puedan recuperar los recursos afectados.
