Un estudio realizado por la organización internacional Environmental Investigation Agency (EIA), que ha publicado trabajos sobre deforestación ilegal vinculada al crimen organizado, contaminación por residuos tóxicos y humanos en nuestro país, entre otros, ha centrado sus ojos en el estado de Querétaro, revelando una red de tráfico de mercurio desde la Sierra Gorda hasta países de Sudamérica para la explotación de oro.
La investigación revela que cerca de 200 toneladas de mercurio han sido contrabandeadas desde Querétaro hacia países como Perú, Colombia y Bolivia entre 2019 y 2025. Este mercurio se usa para la extracción ilegal de oro en la Amazonía, lo que provoca un daño ambiental enorme y afecta la salud de las comunidades.

El estudio alerta que en Querétaro, entre 700 y 1,000 personas viven directamente de la minería de mercurio, mientras miles más se benefician indirectamente. Sin embargo, la minería se realiza con métodos muy rudimentarios que liberan mercurio al suelo, aire y agua, contaminando el entorno y poniendo en riesgo a las familias locales. Se han detectado niveles de contaminación en suelos y ríos hasta 1,400 veces superiores a los límites permitidos por la ley mexicana.
Es en los municipios como Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta donde se centran las actividades mineras, particularmente de mercurio, en el estado.

Además, el informe señala que grupos delictivos han tomado el control de varias minas, lo que ha aumentado la violencia y la inseguridad en la región. El tráfico de mercurio es una actividad que se camufla con envíos declarados falsamente como “material de construcción” para evitar la detección.
La EIA hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que recuperen el control de las minas, cierren las operaciones ilegales y apoyen a las comunidades mineras en una transición justa. También pide mayor cooperación entre países latinoamericanos para frenar el contrabando y proteger la salud y el medio ambiente.

Según la investigación de la EIA, el líder de la red de tráfico es Juan José Zamorano Dávila. Asimismo, relaciona a la pareja de este sujeto, Alejandra Pulido Briseño, quien durante el periodo como alcalde de Luis Nava fungió como secretaria de Administración hasta que renunció al cargo. Luego de la publicación del estudio, no se ha presentado ninguna declaración o posicionamiento de gobierno.
