La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que continúa en curso la investigación por el caso de la presunta caja de ahorro que operó en Huimilpan y que dejó a decenas de personas sin sus recursos. El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, precisó que aunque la institución ha judicializado dos carpetas de investigación y solicitado órdenes de aprehensión, el Poder Judicial determinó inicialmente que no existía delito de fraude, al considerar que no se acreditó el elemento del engaño.
“Hubo una determinación, a criterio judicial, de que no existía el delito, bajo el planteamiento de que no se acreditaba el engaño y, por lo tanto, que no existía fraude. Esa determinación la apelamos oportunamente y estamos pendientes de la resolución”, explicó el fiscal.
Hernández detalló que durante su gestión ambas carpetas fueron impulsadas, integradas y presentadas ante la autoridad judicial con la petición de órdenes de aprehensión. Sin embargo, el juez que conoció el caso resolvió que se trataba de un conflicto de naturaleza civil y no penal.
“Nosotros hacemos el planteamiento de que sí existe un fraude y por lo mismo solicitamos las órdenes correspondientes. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia, en segunda instancia, quien resuelva si es un asunto civil o penal”.
El fiscal también señaló que la impugnación fue presentada recientemente y que podría resolverse hasta el próximo año. Subrayó que la Fiscalía ha realizado diversas diligencias, incluso cateos autorizados por el Poder Judicial, para robustecer la investigación.
Respecto al número de personas afectadas, Hernández indicó que una de las dos carpetas es de carácter colectivo, mientras que la otra involucra a un menor número de víctimas. Adelantó que la cifra exacta será proporcionada por Comunicación Social para evitar imprecisiones.
“Estamos avanzando y confiamos en que nuestros planteamientos puedan fructificar. Si no, los derechos de las personas quedan a salvo, dado que la determinación inicial fue que se trata de una controversia civil”.
La Fiscalía reiteró que mantendrá el seguimiento del caso hasta que la segunda instancia determine si existen elementos para continuar por la vía penal o si, como resolvió el juez de origen, debe tratarse únicamente como un conflicto civil.
