La delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro atraviesa un momento crítico. No por falta de denuncias, sino por la evidente incapacidad operativa para atenderlas. Desde la llegada de José Gerardo Sinecio Ríos a la dirección estatal, los operativos no solo son escasos: resultan insuficientes frente a una problemática que crece en silencio.
El propio funcionario lo admite sin rodeos: apenas cuatro inspectores para todo el estado. Cuatro. Una cifra que, en términos reales, vuelve imposible una vigilancia efectiva en un territorio donde las denuncias por extracción ilegal de agua y uso irregular del recurso se multiplican.
Mientras tanto, los reportes ciudadanos siguen acumulándose.
Habitantes de Sta. Rosa Jáuregui, en el camino a Montenegro, así como en la carretera a Tlacote, a la altura de AgroGen, han denunciado la existencia de pozos cuya operación ha provocado una disminución en el suministro de agua. La respuesta institucional, sin embargo, es burocrática: “calendarizar inspecciones”.
Es decir, el problema existe, se reconoce… pero se posterga.
Más preocupante aún es el balance que presenta el propio director: apenas unas diez inspecciones desde su llegada, cubriendo alrededor de veinte “rubros”. Una narrativa técnica que intenta maquillar la realidad: el número de operativos es mínimo frente a la magnitud del problema.
Porque mientras la autoridad habla de “rubros”, en las comunidades lo que falta es agua.
El discurso oficial insiste en que la falta de personal “no es pretexto”, pero en la práctica sí es un límite. Un límite que se traduce en menor presencia en campo, menor supervisión y, en consecuencia, mayor margen para la ilegalidad.
Y hay otro elemento que agrava el escenario: la opacidad.
Aunque Conagua reconoce tener identificados “focos rojos” en todo el estado, se niega a revelarlos bajo el argumento de no alertar a los infractores. Una postura cuestionable que, en los hechos, también deja a la ciudadanía en la incertidumbre y sin herramientas para exigir rendición de cuentas.
En la zona metropolitana, el problema no es menor: la venta irregular de agua en pipas —una de las faltas más graves— sigue presente. En la sierra, la extracción ilegal de materiales y agua continúa avanzando. Y en ambos casos, la respuesta institucional parece ir siempre un paso atrás.
La realidad es clara: Querétaro enfrenta una presión creciente sobre sus recursos hídricos, pero la estructura operativa de Conagua no está a la altura del reto.
Cuatro inspectores, diez inspecciones y múltiples denuncias.
Más que un “área de oportunidad”, como lo llama el director, lo que existe es un déficit estructural que está dejando al agua —y a la ciudadanía— en segundo plano.
