El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue denunciado públicamente por su presunta participación en un esquema de despojo inmobiliario en el municipio de Huimilpan, acción que se habría ejecutado en complicidad con la Fiscalía General del Estado de Querétaro para amedrentar a los legítimos propietarios y arrebatarles sus tierras.
La acusación fue presentada por integrantes de la familia Urquiza Fernández y su representación legal, quienes señalaron que la red patrimonial involucra la privación de 269 hectáreas distribuidas en dos ranchos, así como sus respectivos derechos de agua. De acuerdo con lo manifestado en conferencia de prensa por Pamela Urquiza y el abogado Rodrigo Madero, las operaciones se promovieron mediante la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V., utilizando contratos de fideicomiso con condiciones desproporcionadas para asumir el control de los predios y hasta el 80% de las utilidades.
“El Fiscal Víctor de Jesús Hernández ha estado participando con el exgobernador Francisco Domínguez Servién para llevar a cabo una persecución política hacia mí y hacia mi familia. Por el simple hecho de que quieren arrebatarnos lo que es nuestro, quieren quitarnos una propiedad que está enfrente del rancho del exgobernador Francisco Domínguez y de su estadio y porque tenemos un pozo de agua”, explicó Pamela Urquiza en rueda de prensa en la Ciudad de México.
Dentro de la denuncia, se enfatizó el uso del aparato de procuración de justicia del Estado de Querétaro como herramienta de presión penal. La familia Urquiza señaló a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Víctor Antonio de Jesús Hernández, de colaborar en este esquema mediante la apertura de carpetas de investigación, la realización de cateos desproporcionados y la criminalización de la defensa jurídica de las víctimas.
“Convirtieron un tema civil en tema penal para perseguirnos, para inventar carpetas de investigación en contra nuestra. Y lo hacen en contra de particulares que tienen inmuebles para arrancarlos. A raíz de la persecución pareciera que el exgobernador ha utilizado las instituciones y los recursos del Estado para satisfacer los los recursos de su propio fideicomiso”.
A pesar de las acciones emprendidas a nivel local, el Poder Judicial de la Federación ha emitido resoluciones a favor de los afectados.
Un Tribunal Colegiado Federal concedió un amparo a los denunciantes que invalidó su vinculación a proceso y ratificó la legalidad de los actos sobre la propiedad de las tierras.
Actualmente, se mantienen en trámite otros recursos de amparo contra los cateos ejecutados entre finales de 2025 y principios de 2026, a la par de un juicio civil relativo a la nulidad de donación de los inmuebles.
“Ya acudimos a la a la Fiscalía General de la República porque en la Fiscalía General de Querétaro, no se llevan a cabo las investigaciones correspondientes ni sacan los amparos en tiempo, sino que dejan pasar nuestros expedientes y ya no sabemos qué hacer”.
Ante la persistencia del litigio y lo que califican como un hostigamiento judicial coordinado entre la administración previa y las autoridades locales actuales, la familia Urquiza Fernández formalizó la presentación del caso ante la Presidencia de la República bajo el folio SACP20260211000003968. Con esta medida, los afectados buscan la intervención de las instancias federales para garantizar el respeto a las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y el cese de las medidas de presión penal en la entidad.
