Nueve docentes de la escuela “La Providencia” iniciaron un litigio laboral tras ser despedidos por negarse a firmar contratos que reducían sus salarios, eliminaban la antigüedad y los obligaban a pagar multas de hasta 300 mil pesos.
Un grupo de nueve profesores del colegio “La Providencia” (conocido popularmente como “La Provi”) ha iniciado un juicio ante los tribunales laborales en contra de las religiosas que administran el plantel, tras ser víctimas de un despido injustificado. Los afectados señalan que la baja ocurrió luego de que se opusieran a firmar nuevos contratos que vulneraban sus derechos adquiridos y modificaban sus condiciones de trabajo de manera drástica.
Según explicaron los docentes, la administración intentó obligarlos a cambiar sus contratos de tiempo indeterminado a tiempo discontinuo. Esto afectaba el pago íntegro de sus salarios y sus jornadas laborales. Además, denunciaron que el nuevo documento incluía cláusulas abusivas que funcionaban como una extorsión, estableciendo sanciones económicas de hasta 300 mil pesos para los maestros, respaldadas por el reglamento interno.
A la par de la reducción de derechos, los demandantes expusieron que eran obligados a realizar actividades sin remuneración alguna, tales como, asistir a retiros espirituales en fines de semana, trabajar horas extras no pagadas, vender chocolates para recaudar fondos.
Todo esto ocurre mientras la escuela sigue cobrando colegiaturas completas a los padres de familia durante los meses en que no se imparten clases.
Ante el temor de que la congregación se declare insolvente y no cumpla con los pagos que determine el juez en la sentencia, los docentes investigaron la situación legal de la institución. La indagatoria reveló que cuatro religiosas de la Congregación de la Providencia de Gap son accionistas de “Demoy, S.A. de C.V.”, una empresa constructora con fines de lucro constituida en 2011 con un capital social de 13.8 millones de pesos.
Las religiosas que aparecen en el acta constitutiva son Marina Emigdia García Aguilar, Juana Reyes Tapia (mejor conocida en la comunidad como madre Ana), Ma. Aurora Rico Vera y Nora Guadalupe Solís Vilchis, todas con cargos administrativos dentro de su congregación. Este hallazgo ha generado indignación, ya que contradice el voto de pobreza que profesa la orden.
La polémica aumenta debido a que el predio donde operan los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura es propiedad del municipio de Corregidora, el cual, al parecer, otorgó el usufructo para ofrecer educación a bajo costo, lo que teóricamente imposibilitaría el lucro en esas instalaciones.
La constructora de las religiosas presuntamente ejecuta la ampliación del plantel para el nivel superior. Sin embargo, los maestros denunciaron discrepancias, ya que los permisos municipales se solicitaron para una “casa de formación religiosa” y no para una universidad.
“Buscamos que se nos respeten nuestros derechos laborales, pero también que se investigue a las madres por lo que podría ser un negocio y un abuso. No nos quieren pagar lo que nos corresponde por derecho, pero sí hay supuestos recursos para una obra de la que hasta el momento no hay nada, salvo papeles”, expresó uno de los docentes afectados.
Aunque la legislación comercial mexicana no prohíbe a ministros de culto ser accionistas, los demandantes exigen que las autoridades revisen si la empresa privada se está utilizando como una pantalla para que la asociación religiosa administre bienes prohibidos por la ley, dejando de lado los derechos de sus trabajadores a cambio de la especulación comercial, en afectación a las familias queretanas.
