En sesión solemne del Pleno de la LXI Legislatura del estado, el fiscal especializado en el combate a la corrupción, Benjamín Vargas, presentó su informe anual de actividades, en el que destacó resultados en judicialización de casos, sentencias condenatorias y recuperación de activos derivados de delitos por hechos de corrupción.
Durante el periodo reportado, la fiscalía inició 539 carpetas de investigación por delitos como abuso de autoridad, cohecho —tanto de particulares como de servidores públicos—, peculado, tráfico de influencias, desempeño ilícito del servicio público y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
Del total de investigaciones, 49 fueron judicializadas y 58 personas fueron vinculadas a proceso, luego de que fiscales acreditaran ante jueces la existencia de elementos suficientes para continuar con los procedimientos penales.
En cuanto a mecanismos alternos, Vargas subrayó el uso de la suspensión condicional del proceso como herramienta del sistema penal acusatorio para evitar la saturación de tribunales. En el último año, 47 personas accedieron a esta medida tras cumplir con los requisitos legales; en total, suman 179 beneficiarios desde la creación de la fiscalía. Precisó que esta figura no extingue la acción penal de forma automática, sino que obliga a los imputados a cumplir condiciones impuestas por la autoridad judicial.
Respecto a sentencias, informó que en el último año cuatro personas fueron condenadas por delitos de corrupción, con penas que incluyeron prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas, trabajo comunitario y decomiso de bienes. En total, la fiscalía acumula 75 sentencias condenatorias desde el inicio de operaciones, así como 128 órdenes de aprehensión cumplimentadas en nueve años.
El fiscal enfatizó que la institución ha mantenido una política de aplicación “enérgica” de la ley, asegurando que actualmente hay personas privadas de la libertad enfrentando procesos por corrupción.
En materia de recuperación de activos, uno de los ejes estratégicos de la fiscalía, se reportaron aseguramientos por un monto superior a los 296 millones de pesos en bienes, inmuebles, vehículos y recursos económicos, los cuales se encuentran sujetos a procesos legales. Vargas sostuvo que este desempeño ha permitido que la fiscalía opere con un nivel cercano a la autosustentabilidad, al equiparar lo recuperado con el presupuesto ejercido a lo largo de su existencia.
Finalmente, destacó la coordinación interna entre fiscales, peritos y policía de investigación, así como la implementación de estrategias como “Sinergia”, que han fortalecido las indagatorias por delitos financieros y de corrupción, mediante acciones como cateos, inspecciones, localizaciones y aseguramientos.
El funcionario reiteró que el objetivo central es combatir la impunidad y garantizar que los actos de corrupción sean detectados, investigados y sancionados conforme a derecho.
