El empresario texano Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, ex candidato del partido Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico ayer en la corte federal de San Antonio, donde se estaba llevando a cabo su juicio penal. 

De acuerdo al recode de Patrick Danner, de expressnews de San Antonio, este empresario se declaró culpable  en la corte federal de San Antonio por su papel en un esquema de fraude por $30 millones de dólares.

Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, de 53 años, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en la primera semana de su juicio penal, que se esperaba que durará al menos dos semanas más, ante el juez federal de distrito Fred Biery. Como parte de la declaración de culpabilidad, se retiraron otros 15 cargos de fraude electrónico.

Recordemos que Martínez, quien ha estado viviendo en Houston con su familia, se postuló para gobernador de Querétaro en 2020.

Esta persona, se publicaba a sí mismo y a la empresa  Uberwurx, de la que era copropietario, a los inversores como un medio para que mexicanos obtuvieran visas E-2 para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Esas visas permiten a algunos ciudadanos extranjeros permanecer en los EE. UU. para administrar un negocio si realizan una inversión “sustancial” en él y cumplen con otros requisitos.

Uberwurx operaba como RhinoPro Truck Outfitters, una empresa de accesorios para camiones y revestimientos de cajas de camiones en aerosol. Martínez había engañado a unas 120 personas para que invirtieran alrededor de  $175,000 cada una en la empresa RhinoPro para que pudieran calificar para una visa E-2, testificó un agente del FBI a finales de 2021.

Martínez se comprometió a proporcionar a cada inversionista una camioneta y su propio territorio de ventas, pero la acusación decía que eso a menudo no sucedía. La cantidad de camionetas fue significativamente menor que la cantidad de inversionistas y las empresas rara vez fueron rentables, según la acusación.

Martínez también fue acusado de intentar ocultar a los funcionarios de inmigración el hecho de que otra empresa que dirigía administraba los negocios de cada inversionista, según la acusación. Si los funcionarios hubieran sabido eso, los habría hecho cuestionar las solicitudes de visa de los inversionistas y habría afectado la alta tasa de aprobación de visas de Uberwurx, según la acusación. A su vez, eso habría llevado a una disminución en las referencias y una disminución en su capacidad para obtener visas.

“La necesidad de continuar atrayendo inversionistas fue clave” para el fraude, dijeron los fiscales en la acusación.

Martínez enfrenta hasta siete años y medio de prisión y una multa de $250,000. También tendrá que restituir a sus víctimas una cantidad aun por determinar. Se espera que Martínez, quien ha estado libre con una fianza de $500,000, sea sentenciado en noviembre.

Después de su liberación de prisión, Martínez podría ser deportado debido a que es una condena por delito grave, una felony. 

Las víctimas que asistieron al juicio tuvieron que abandonar la sala del tribunal durante el anuncio de declaración de culpabilidad de Martínez. Se les permitió volver a entrar después de que el juez aceptara la declaración de culpabilidad.

El juez Biery le ordenó a Martínez que se diera la vuelta y mirara a sus víctimas mientras el juez les explicaba lo que acababa de ocurrir.

“Les puedo asegurar que el señor Martínez se ha declarado culpable y ha aceptado la responsabilidad por lo que les ha hecho a todos ustedes e, implícitamente, a su familia”, dijo Biery a las víctimas. “Se le ordenará que pague una restitución a todos ustedes y a las otras víctimas. Si hay o no activos para cubrir esa restitución, no lo sé. Ciertamente, hubo mucho dinero que cambió de manos”. 

Martínez no dijo nada.

Uberwurx solicitó la liquidación por bancarrota en febrero de 2022. Su presentación enumeró alrededor de $ 8.5 millones en activos y $ 16.2 millones en pasivos. Se presentaron unas 190 reclamaciones individuales por un total de más de $35 millones en deudas. 

La acusación dice que Martínez trabajó con corredores de inversión, incluida Karina Hernández de Texas Franchise and Business Consulting. Los fiscales dijeron que el negocio estaba dirigido a ciudadanos mexicanos interesados en iniciar negocios en Texas.

Hernández, de 42 años, se declaró culpable de alentar e inducir la inmigración ilegal para obtener ganancias financieras, según muestran los registros judiciales. En diciembre, fue sentenciada a 27 meses de prisión y se le ordenó pagar casi $146,000 en restitución. Está cumpliendo condena en una institución correccional en Alabama y su liberación está programada para febrero.