En la rueda de prensa matutina de este martes, el Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer un impactante informe de Cero Impunidad, en el que no solo presentó los arrestos más destacados, sino también sacó a la luz casos de jueces del Poder Judicial que han emitido fallos que favorecen a delincuentes.
Dentro del informe, uno de los casos que resalta es el del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien se vinculó a cateos en bodegas en el estado de Querétaro. Este juez llegó a declarar ilegal la detención de ocho individuos, liberándolos de manera inmediata, a pesar de las evidencias que los relacionaban con actividades criminales. Cabe mencionar que estos individuos operaban en los estados de México y Querétaro, participando en la elaboración de metanfetaminas y siendo detenidos en posesión de varias sustancias narcóticas.
Luis Rodríguez Bucio enfatizó que el juez Osorio Rosado ha dictaminado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales hasta la fecha.
Este caso específico se remonta a julio del presente año, cuando la Fiscalía General de la República, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, llevó a cabo una serie de cateos en inmuebles ubicados en Querétaro. La investigación se originó a raíz de una denuncia anónima que señalaba la presencia de supuestos miembros de un grupo delictivo en uno de los domicilios. Durante los cateos, se detuvo a ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, entre ellos Armando Daniel, un presunto narcotraficante vinculado a operaciones en el Estado de México y Querétaro, especializado en la producción de metanfetaminas.
Sin embargo, en la audiencia inicial que tuvo lugar dos días después, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, determinó que la detención había sido ilegal y ordenó la liberación inmediata de las personas detenidas, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por las autoridades. Este caso resalta la importancia de revisar las decisiones judiciales que pueden impactar en la lucha contra la impunidad y la criminalidad.
