El Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría, ofreció declaraciones en relación a los recientes incidentes protagonizados por colectivos de madres buscadoras y personal de la Fiscalía General. En su declaración, Echeverría destacó la relevancia de la Fiscalía en la promoción y ejecución de acciones relacionadas con la búsqueda de personas no localizadas o desaparecidas en la región.

Echeverría recalcó que la Fiscalía ha trabajado en iniciativas de colaboración ciudadana, como la implementación de cédulas de protocolo ALBA o Alerta Amber, para asegurar la rápida visibilización de personas desaparecidas y la participación activa de la comunidad. Además, mencionó que la Fiscalía ha mantenido diálogos con representantes de los colectivos de madres buscadoras, mostrando disposición para colaborar y brindar información.

Sin embargo, el Fiscal General también puntualizó dos aspectos relevantes en la situación. En primer lugar, señaló que se sostuvo una mesa de diálogo con los representantes de los colectivos donde se planteó la colaboración con la información. Sin embargo, subrayó que se consideró incoherente la solicitud de información sobre cien mil personas buscadas, ya que esto dificultaría la priorización de los esfuerzos de búsqueda.

Echeverría también hizo referencia a un protocolo nacional establecido en octubre de 2020, que delineó los lineamientos para la búsqueda de personas desaparecidas y la participación de colectivos. Afirmó que la Fiscalía tiene la obligación legal de resguardar la información confiada por los ciudadanos y subrayó que la base de datos de personas no identificadas o cuerpos no localizados de la Fiscalía es confiable.

El Fiscal General también abordó el incidente de evacuación de las madres buscadoras y la presencia de un cuerpo en una unidad de SEMEFO al exterior durante varias horas. Explicó que se siguieron protocolos internos para atender la dignidad del cuerpo humano y también mencionó la situación de personas al interior de las instalaciones que enfrentaron dificultades.

En cuanto a la falta de capacidad en la respuesta al incidente, Echeverría confirmó que se debió en parte a la falta de colaboración de los concertadores de gobierno del Estado, y señaló la ausencia de voluntad por parte de algunas personas que bloquearon el acceso.

“Por supuesto, que hubo una falta de capacidad por parte de los concertados porque cuando quisieron abrir las puertas para seguir prestando con el servicio, pues nunca tuvimos una respuesta”, declaró el fiscal.