El secretario de Gobierno del estado, Carlos Alcaraz, confirmó la clausura de un evento realizado en el municipio de El Marqués, donde se detectó venta de alcohol en presencia de menores de edad, así como otras irregularidades administrativas y de protección civil.

El funcionario explicó que la clausura se debió a una serie de anomalías, entre ellas, la existencia de un anexo no autorizado dentro del establecimiento, donde se realizaba un evento alterno y donde tampoco se permitía la venta de bebidas alcohólicas.

“Había venta de alcohol y menores de edad. No puedo asegurar, pero infiero que esto se contrapone. Además, no se podía vender alcohol en un lugar que tenía otro evento alterno”, explicó Alcaraz.

El secretario adelantó que la valoración jurídica correspondiente será la que determine el tiempo que permanecerá clausurado el establecimiento, y que las multas serán fijadas por la Dirección de Gobierno, en función de la gravedad de las faltas.

En ese contexto, Alcaraz reiteró que el gobierno estatal no permitirá la realización de eventos masivos que no se apeguen a la ley, ni tolerará simulaciones de fiestas privadas o espectáculos que representen un riesgo para la seguridad pública.

Respecto a la posible prohibición de eventos con peleas de gallos o la música vinculada a la narcocultura, el secretario fue enfático al señalar que aquellos eventos con ese tipo de características no se llevarán a cabo en ningún municipio del estado.

“No vamos a poder sancionar lo que no se va a realizar. Tenemos el acompañamiento de todos los municipios para reforzar esta estrategia. Vamos a terminar con las simulaciones”, apuntó.

Sobre las licencias para peleas de gallos, aclaró que éstas son de competencia federal, aunque insistió en que cualquier evento deberá respetar las normativas estatales y municipales vigentes.

Finalmente, Alcaraz subrayó que los lineamientos también aplicarán para ferias y celebraciones tradicionales, como la Feria Internacional de Querétaro, cuyos organizadores ya se encuentran en diálogo con las autoridades para cumplir con los nuevos criterios de seguridad, legalidad y orden.