•SSC confirma que reportero de Tribuna entorpeció una orden de aprehensión.
El Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Iovan Elías Pérez Hernández, aseguró que el estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y reportero del periódico Tribuna que realizó señalamientos públicos contra elementos de la Policía Estatal fue remitido de manera legal ante un juzgado cívico, luego de presuntamente entorpecer un procedimiento policial relacionado con un delito sexual.
De acuerdo con el funcionario, los hechos ocurrieron el 15 de enero, cuando policías estatales cumplimentaban una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual. Durante el operativo, una persona ajena al procedimiento —identificada posteriormente como el reportero— habría intervenido de forma reiterada para impedir el aseguramiento del imputado.
“Hubo una persona que en todo momento estuvo tratando de impedir que se llevara a cabo este aseguramiento, entorpeciendo el procedimiento e invadiendo el término de acción de los policías”, explicó Pérez Hernández.
El titular de la SSC subrayó que la ejecución de la orden judicial era fundamental para garantizar el acceso a la justicia, particularmente para la víctima del delito, por lo que la actuación de los elementos respondió a la necesidad de salvaguardar el debido proceso.
“Era muy importante que se pudiera concretar este aseguramiento para el acceso a la justicia, sobre todo para la víctima”, puntualizó.
Derivado de esta situación, el joven fue presentado ante un juzgado cívico, instancia que —según la Secretaría— determinó como legal la remisión, avalando la actuación de los elementos de la Policía Estatal.
“El juez cívico calificó como legal la remisión, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía y a la opinión pública a ser responsables en el uso y difusión de la información”, añadió el secretario.
Los señalamientos públicos surgieron luego de que el reportero y estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ denunciara haber sido detenido por policías estatales mientras documentaba una presunta agresión contra dos vecinos de la colonia La Sierrita. Según su versión, fue obligado a borrar fotografías y videos de su teléfono celular y posteriormente presentado ante el juzgado cívico por supuestamente obstaculizar la labor policial.
