En Querétaro, el mensaje fue directo: a los deudores alimentarios se les acabaron las facilidades. Y quien lo dejó más claro fue el Senador Agustín Dorantes Lámbarri, al advertir que en la entidad “se les va a cerrar la puerta” a quienes no cumplan con sus obligaciones hacia niñas, niños y adolescentes.
Dorantes no solo lanzó el posicionamiento político, también puso cifras sobre la mesa: más de 20 mil juicios de pensión alimentaria al año, frente a apenas 208 personas inscritas en el padrón de deudores. Para él, esto evidencia que la ley actual “es letra muerta” si no se aplica con firmeza. De hecho, recordó que ha impulsado 14 instrumentos legislativos —ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo—, aunque solo uno ha sido aprobado en el Senado.
El Senador contrastó esa falta de avance a nivel nacional con lo que ocurre en Querétaro, donde destacó el trabajo coordinado entre el gobierno estatal, el Poder Judicial, el sector empresarial y organizaciones civiles para convertir las normas en acciones concretas. Incluso subrayó que ya existe un convenio con el Tribunal Superior de Justicia y actores clave para llevar estas buenas prácticas al resto del país.
En ese mismo contexto, el Gobernador Mauricio Kuri González respaldó la agenda estatal que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, reiterando que la prioridad son las niñas, niños y adolescentes.
Como parte de esta estrategia, la Oficial Mayor, Linda Luna Rangel, anunció medidas inmediatas: desde el 6 de mayo quedará prohibida la contratación en el gobierno estatal de personas inscritas en el padrón de deudores, en coordinación con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta restricción también aplicará para proveedores, contratistas y prestadores de servicios.
Además, se contemplan acciones como negar licencias de conducir, limitar el acceso a programas sociales y ofrecer asesoría gratuita para quienes buscan exigir el cumplimiento de la pensión alimentaria.
Con estas medidas, Dorantes insistió en que Querétaro puede marcar el camino: “aquí se habla con hechos”, dijo, al plantear que este modelo debería replicarse en todo México para realmente proteger a la niñez.
