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Feria del Toro, pagos duplicados y contratos dudosos: ESFE exhibe anomalías en Tequisquiapan

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) detectó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por al menos 15.6 millones de pesos en el Municipio de Tequisquiapan, de acuerdo con el Informe Individual de Resultados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023.

El documento revela un total de 18 observaciones no solventadas, que abarcan desde contrataciones sin justificación legal ni técnica, pagos duplicados, servicios no prestados y expedientes incompletos, hasta posibles simulaciones de servicios y clasificación indebida de gastos.

Entre los casos más relevantes se encuentra la contratación de consultorías y estudios por más de 1.1 millones de pesos, sin que el municipio acreditara la falta de personal capacitado para realizarlos o la utilidad de dichos trabajos. También se detectó el pago de 3.6 millones de pesos por un evento público, conocido como la Feria del Toro 2023, sin justificación suficiente, lo que fue catalogado como un posible pago duplicado.

Otra observación destacada señala que el municipio firmó contratos por hasta 10 millones de pesos para servicios de mantenimiento, cuando por su naturaleza debieron clasificarse como obras públicas, lo que implica una violación a la normatividad vigente.

Además, la auditoría documenta el pago de 348 mil pesos a un proveedor por la entrega de requerimientos de pago del impuesto predial, aunque las notificaciones fueron realizadas por empleados municipales, lo que indicaría un incumplimiento contractual.

Varios de estos señalamientos fueron turnados a la Autoridad Investigadora y al Órgano Interno de Control del municipio por posible daño al erario. La ESFE también incluyó algunos casos en Pliegos de Observaciones, lo que podría derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa.

El informe concluye que las fallas detectadas comprometen la transparencia, el control administrativo y la legalidad en el uso de recursos públicos por parte del municipio. La administración municipal deberá presentar las aclaraciones correspondientes en los plazos que marca la ley y, de no hacerlo, podría enfrentarse a sanciones legales y administrativas.