En Querétaro, el combate al incumplimiento de pensiones alimentarias busca dejar de ser un discurso para convertirse en una realidad ejecutable. El senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció que impulsa en el Senado un exhorto y una reforma para fortalecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA) y ampliar las restricciones contra quienes no cumplen con sus hijas e hijos.
Aunque la legislación federal ya contempla medidas como impedir la expedición de pasaporte o licencia de conducir a deudores alimentarios, el legislador señaló que estas disposiciones no se aplican de manera efectiva. “No queremos que sea letra muerta, sino una ley viva”, subrayó.
En la entidad, el Tribunal Superior de Justicia ya exige el certificado de no inscripción en el RENOA como requisito para ingresar a trabajar al Poder Judicial. La intención, dijo, es extender esta práctica a los tres niveles de gobierno e incluso a empresas, así como impedir que deudores accedan a programas sociales no universales o desempeñen cargos públicos.
Datos del propio Poder Judicial revelan que actualmente hay 183 personas inscritas en el registro en Querétaro, y únicamente cinco han regularizado su situación para salir del padrón.
El senador enfatizó que la propuesta no busca castigar, sino generar conciencia sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir pensión alimentaria y vivir en condiciones dignas.
Madres afectadas y especialistas en derecho familiar respaldaron la iniciativa, al considerar que el principal problema no es la falta de normas, sino la ausencia de aplicación firme por parte de las autoridades.
