Querétaro ocupa el quinto lugar a nivel nacional en fraudes inmobiliarios, con un promedio anual de 50 casos y un impacto económico estimado en 20 mil millones de pesos; informó Mario Palomares, presidente del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío.

De acuerdo con los empresarios, este tipo de delito crece en las entidades con mayor desarrollo. Ante esta situación, el organismo solicitó a las autoridades aplicar la ley vigente para que los responsables enfrenten consecuencias legales y no continúen operando.

El Clúster propuso la creación de un padrón regulado por la autoridad que incluya a desarrolladores y agentes inmobiliarios con cumplimiento legal. 

Asimismo, señalaron que solo el 25% de las cerca de 5 mil desarrolladoras o agentes en el estado se encuentran registrados o colegiados.

Finalmente, se planteó fortalecer la legislación en los municipios y facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para sancionar y presentar denuncias penales cuando se detecten irregularidades.