*Pide revisar los contratos de las otras concesiones.

La coordinadora de regidores de Morena en el Municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga Correa, aseguró que la negligencia de la administración capitalina, al no actualizar el contrato con la empresa Red Recolector, causó un cobro mayor en el servicio de recolección de residuos sólidos, que sumará más de 150 millones de pesos con las actualizaciones recientes. 

Olascoaga Correa puntualizó que desde 2016 se publicó el decreto federal de desindexación del salario mínimo para que todos los contratos públicos se tasaran en el valor de la Unidad de Médica y Actualización (UMA), en lugar de los salarios mínimos. 

Sin embargo, el Municipio de Querétaro no actualizó el contrato con Red Recolector, con base en ese decreto, ni inició el procedimiento de revocación, así que ahora se le obliga a cubrir una diferencia de 37.3 millones de pesos correspondiente al pago de 2023 y se autorizarán otros 29.8 millones de pesos, por una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. 

Desde 2016, la empresa Red Recolector “actualizó” su tarifa con base en los aumentos del salario mínimo, lo que llevó a la administración municipal a tener que pagar de más por un servicio con el que mucha gente no se siente satisfecha, pero la empresa “se puso lista” y recurrió a un procedimiento jurídico. 

Olascoaga Correa agregó que “este sobrecosto ha ocurrido cada año desde 2016 y la decisión es seguir dilapidando las finanzas municipales en este 2024. Si seguimos así, tan solo en esta concesión el cabildo y la presidencia municipal habrán regalado, injustificadamente, a un particular, más de 150 millones del presupuesto público, por la actualización correspondiente a 2024”.

“Aquí podemos ver un acto de negligencia y no sé si hasta de complicidad, por no actualizar a UMA’s en lugar de salarios mínimos. En todo caso, el municipio debió defenderse diciendo que la cláusula era nula y hacer el procedimiento administrativo que le permitiera enfrentarse en el Tribunal, pero o no supieron defenderse o se les fueron los plazos y ahora se paga una diferencia no cobrada y se solicita la tarifa de 2024 con base en los aumentos de salario mínimo de 2023 y 2024. Se va a pagar de más en un servicio que no les ha parecido satisfactorio a muchos ciudadanos, porque lo dicen, lo comentan y lo denuncian constantemente. Habrá que ver cómo se encuentran las demás concesiones y si puede pasar lo mismo”, declaró la regidora. 

Advirtió que la votación a favor de una tarifa mal calculada significa un daño al erario que no impacta en los funcionarios ni en los regidores, pero sí en la calidad del servicio que se brinda a la población, por culpa de una “autoridad indolente que desde 2016 promueve y apapacha concesiones que se enriquecen al amparo del dinero público”.