El diputado local de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, aseguró que el bloqueo que mantienen habitantes de Santa Rosa Jáuregui sobre la carretera federal 57 responde a una crisis social derivada de la falta de agua potable y no a intereses políticos.
En un pronunciamiento realizado durante rueda de prensa, el legislador afirmó que ni él ni su movimiento alentaron la toma de la vialidad, aunque reconoció la gravedad del problema que enfrentan las comunidades afectadas.
“Nosotros no alentamos ni incitamos a ninguna toma de la carretera 57. Nos parece que esas no son las soluciones al problema que se vive”, expresó.
El morenista señaló que la población exige una solución inmediata al desabasto de agua y sostuvo que, hasta ahora, no existe una respuesta de corto plazo que satisfaga a los habitantes de la delegación.
Gómez de la Rosa también respondió a las declaraciones realizadas por autoridades estatales, quienes han señalado posibles intereses políticos detrás de la manifestación, y sostuvo que se trata de una problemática social que afecta a cerca de la mitad de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui.
“Ahí la mitad de las comunidades tienen un problema muy difícil de abasto de agua y no vemos proyectos”, declaró.
El legislador criticó además a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), al señalar que tras el proyecto del Batán “bajó la cortina” sin atender las necesidades de las comunidades.
Durante su posicionamiento, el diputado confirmó que actualmente se perfora un nuevo pozo en la zona de Santa Rosa Jáuregui derivado de un amparo promovido por él y habitantes de la región, procedimiento legal que —aseguró— fue resuelto a su favor por tribunales federales hace aproximadamente cuatro meses.
Indicó que dicho pozo busca abastecer a comunidades conocidas como “Las Solanas”, donde también persisten problemas severos de suministro.
Finalmente, Gómez de la Rosa insistió en que el acceso al agua debe atenderse como un derecho humano y pidió a las autoridades priorizar soluciones de fondo para las familias que, afirmó, llevan hasta cuatro meses enfrentando complicaciones para acceder al servicio.
