Los bloqueos carreteros se han convertido en el arma social que la gente se ha acostumbrado a usar ante la falta de acción de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
Y bloquear la carretera 57, es la llave oficial para obligar a las autoridades a cumplir con las peticiones de los inconformes, es decir, es “hacerles manita de puerco” para que les hagan caso.
Si ya de inicio es complicada la carretera que atraviesa el país ante las interminables obras, ahora con los constantes bloqueos por el descontento social, la autopista es ya el escenario ideal para las protestas.
Lo que ocurre en el tramo hacia San Luis Potosí cada vez se torna de un color más rojo ante la intensidad de la problemática del agua.

La Delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui, es una de las de mayor extensión territorial, pero también donde hay mayor rezago en cuanto a servicios públicos, tiene a la mayor población en situación semiurbana. Problemas de inseguridad y de servicios por lo retirado que están muchas de las comunidades de la zona urbana ha generado descontento en la población de esas comunidades.
No de ahora, sino desde hace varias administraciones se ha denunciado la falta del servicio de agua potable en varias de esas localidades de Santa Rosa, y por la falta de respuesta de los diferentes niveles de gobierno luego de mesas de diálogo, hoy la población ha decidido tomar medidas drásticas.
En esta ocasión bloquear la carretera 57 dejó un saldo de una persona sin vida y afectaciones económicas a 170 empresas y un posible riesgo a la seguridad al tener varado a un tractocamión que trasladaba material radioactivo.
Preguntan ¿quiénes integran el movimiento? De manera oficial se dice que es la misma población quien toma por sí solas las acciones, pero esta la otra parte extraoficial que señala que hay manos de actores políticos de la 4T quienes están detrás de esta movilización. Argumentos los hay, se ha visto en movilizaciones pasadas a gente del Diputado Federal, Gilberto Ortega y al Diputado Local, Ulises Gómez de la Rosa, encabezando al menos una de las manifestaciones anteriores.

Lo que la gente denuncia es que no hay agua en sus comunidades, mientras que los Parques Industriales ubicados en esa zona aseguran que gastan millones de metros cúbicos, por lo que la ciudadanía está descontenta por eso.
Sin embargo, el acuífero de la zona norte extrae anualmente alrededor de 85 a 90 millones de metros cúbicos, el sector industrial y de servicios absorbe entre el 15% y el 18% del total extraído del acuífero regional.
Esto equivale a un volumen aproximado de 13.5 a 16.2 millones de metros cúbicos anuales destinados a la manufactura, procesos industriales y parques logísticos de la periferia de Santa Rosa Jáuregui.
Parques macro, como el Parque Industrial Querétaro (PIQ), operan con sus propios pozos de agua asignados internamente y cuentan con sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Gran parte del agua que utilizan para procesos secundarios (enfriamiento, sanitarios, riego de áreas verdes) es agua tratada y reciclada de sus propios procesos internos, sin tocar la red pública urbana de la CEA.

El descontento de comunidades como La Versolilla o Jofrito radica en un fenómeno geológico y de infraestructura pues los pozos de los parques industriales cuentan con equipamiento electromecánico de alta potencia y estabilidad financiera para perforar a gran profundidad. Cuando el nivel estático del acuífero desciende por la sobreexplotación general, los pozos comunitarios —que suelen ser más antiguos, superficiales y con mantenimiento deficiente— son los primeros en “quedarse secos” o perder presión, detonando la percepción social de que la industria vecina les está arrebatando el líquido.
¿Los bloqueos podrían seguir? Sin duda. O al menos hasta que el problema del agua sea resuelto en esas localidades.