Mientras feministas denunciaban una sesión “ilegal”, la Comisión de Justicia votó en contra de la iniciativa que buscaba armonizar la legislación local con la resolución de la Suprema Corte.

La fundadora de ADAX Digitales, Mayra Dávila Alvarado, acusó al Congreso del Estado de Querétaro de realizar una sesión “ilegal” en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde se discutió un dictamen sobre la interrupción legal del embarazo, pese a que —según afirmó— existe un amparo vigente que declara inconstitucional la penalización del aborto en la entidad.

El pronunciamiento fue realizado afuera del recinto legislativo, donde Dávila, acompañada por integrantes de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, exigió respeto al Estado laico y a los procesos judiciales en curso. Las activistas ingresaron al Congreso portando pancartas, entonando consignas y al ritmo de una batucada, hasta llegar al área donde se desarrollaba la sesión.

En medio de una confrontación entre integrantes del colectivo ADAX Digitales y grupos provida, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en la cual, con los votos a favor de los diputados panistas Guillermo Vega y Enrique Correa, y el voto en contra del morenista Homero Barrera, se rechazó la iniciativa para despenalizar el aborto.

La propuesta buscaba armonizar la legislación local con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha establecido que criminalizar el aborto es inconstitucional.

Durante su intervención, Dávila advirtió que “mientras estamos aquí afuera, allá adentro se legisla sobre nuestros derechos”, y calificó la convocatoria del PAN como un acto de “doble moral e hipocresía”.

Recordó que el 11 de abril de 2024, ADAX Digitales obtuvo un amparo que declara inconstitucional criminalizar el aborto en Querétaro, lo que obliga al Congreso a modificar el Código Penal local. Sin embargo, un tribunal colegiado otorgó hace dos semanas un plazo de 90 días para resolver el fondo del asunto, por lo que cualquier discusión o votación previa sería ilegal y contraria al debido proceso judicial.

“Hoy, a quinientos sesenta y siete días después, el PAN convoca a una sesión donde se pretende votar un dictamen parcial, que no fue propuesto por nuestra asociación y no responde a las demandas históricas del movimiento feminista”, afirmó Dávila.

La activista también cuestionó la falta de transparencia en la convocatoria, asegurando que ni siquiera los propios integrantes de la comisión fueron informados con claridad sobre los temas a tratar. “Nos enteramos gracias a nuestra investigación y al acompañamiento de algunos diputados, porque esta sesión no fue anunciada públicamente”, explicó.

Dávila lamentó además que el Congreso haya restringido el acceso a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, mientras permitió la presencia de grupos que se oponen al aborto y promueven el lema “salvemos las dos vidas”.

“Lo que hoy están haciendo constituye un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos y una violación al Estado laico. ¿Dónde queda su transparencia y disposición al diálogo?”, cuestionó la activista, quien exigió que el Poder Legislativo respete el amparo vigente y garantice un debate público basado en derechos humanos y no en creencias personales.